martes, febrero 27, 2024
Santo Domingo, Rep. Dom
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255 niños quedaron huérfanos a causa de un feminicidio en Colombia en 2023

Sin buscarlo, Johana se convirtió en madre hace seis años. Adoptó a Pablo* cuando tenía poco más de un año y desde entonces le ha dado el cuidado y el amor que no pudo continuar brindándole Marilyn, su hermana, porque fue asesinada en noviembre de 2017.

La mató el padre biológico del niño y pareja de la mujer, Juan Carlos Góngora, quien además desapareció el cuerpo. Ni Johana, ni Pablo tienen un lugar para llorar a su ser querido.

Como Marilyn, eran madres 233 de las 525 mujeres víctimas de feminicidio que registra la Procuraduría para 2023. Agitada por el trajín del día y mientras se prepara para llevar a Pablo a terapia, Johana cuenta la historia de su hermana.

Se sabe cronológicamente lo que ha pasado en el proceso penal, pues ha sido ella la que asumió la búsqueda de justicia, y en paralelo, la maternidad de su sobrino. Reclamó su custodia, le ha explicado que su mamá sufrió un accidente y lo protege de la opinión pública.

Sabe que otros hijos de mujeres asesinadas no han tenido esa suerte y, por ello, se ha convertido en una vocera que exige garantías para esas otras víctimas de los feminicidios: los hijos, las madres, las hermanas. Ante una epidemia de feminicidios que deja más de una mujer asesinada a diario en Colombia, el panorama de sus hijos y la desprotección a la que se ven expuestos es cada día más preocupante.

Al igual que el registro de los feminicidios en el país, la cifra de cuántos menores de edad quedan en orfandad por ese tipo de delito es opaco. El Observatorio de Feminicidios, la única organización que se ha encargado de llevar ese conteo, registró 255 hijos de víctimas de feminicidio en 2023 y si se suma esa cifra con el número de huérfanos de los tres años anteriores, 2022, 2021, 2020, los menores de edad afectados por un feminicidio serían 957.

Una cifra escalofriante, no solo porque los homicidios y la violencia por razones de género no merman, sino también porque en el país no existe una normativa que proteja o brinde garantías especiales a los menores de edad que resultan particularmente afectados, y que en una gran mayoría de casos, son también hijos del homicida. A la tragedia del crimen, se le suman largos procesos por su custodia que, solo si tienen suerte, queda en manos de algún familiar cercano.

Cuando no, son enviados a instituciones a la espera de procesos de adopción, hogares sustitutos o simplemente crecen allí hasta que completan la mayoría de edad. Cansados de ese olvido, en 2022 varios familiares de víctimas de feminicidio decidieron agruparse y luchar porque esos cientos de niños, niñas y adolescentes tengan mejores oportunidades de vida y los necesarios cuidados tras quedar huérfanos.

La iniciativa llegó a manos de la representante a la Cámara por Risaralda, Carolina Giraldo Botero, quien presentó en agosto de 2023 un proyecto de ley que busca “garantizar derechos fundamentales a las personas hasta los veinticinco años de edad en condición de dependencia económica o de cuidado con la mujer víctima de feminicidio”. Dentro del articulado se contempla un subsidio para los huérfanos, acceso preferencial a programas de educación y se propone crear una Estrategia Nacional de Atención y Apoyo a Víctimas Indirectas de Feminicidio.

A la radicación de la congresista verde asistió el grupo Huérfanos por Feminicidio Colombia. Con una camiseta blanca y el rostro de su hermana, Leidy Johana, estaba Camilo Beltrán.

La mujer fue asesinada por su pareja, Waldo Morales, en 2022 y Camilo y sus papás se hicieron cargo de las dos hijas de Leidy. “Esta ley nos haría sentir reconocidos como víctimas.

Además, reconoce a una niñez que muchas veces tiene una perdida doble: la de la mamá que es asesinada y la del papá que es quien la mata”, explica el joven, uno de los más acérrimos impulsores de la iniciativa que sigue en trámite. Johana, quien ha alzado su voz por su hermana y las familias víctimas de feminicidio en instancias como el Concejo de Bogotá, se suma al reclamo.

Señala que el sistema penal y el proceso para los niños víctimas de esta tragedia son revictimizantes, por lo que necesitan cambios urgentes y estructurales. “Deberíamos tener un sistema que aporte a un proceso terapéutico con las familias y que tenga una perspectiva de género porque hay funcionarios que no la tienen, nos tratan como si fuéramos papeles”, asegura en conversación con EL PAÍS.

Su demanda es apremiante. Así lo demuestra el comunicado de la Procuraduría General de la Nación del pasado 7 de febrero, que señala que en el primer mes de 2024 se contabilizaron 21 feminicidios, y en la mitad de ellos, el feminicida era la pareja de la víctima.

La entidad le pidió al Ministerio de Igualdad explicar las acciones que ha tomado para mitigar la oleada de violencia de género. Este periódico ha buscado en reiteradas ocasiones a la viceministra de las mujeres, Diana Gómez, para conocer su respuesta, pero no ha sido posible.

Luego de un proceso plagado de dilaciones, con 19 fiscales en seis años, Góngora fue condenado a 18 años por el delito de desaparición forzada, ya que como desapareció el cuerpo no se le imputó por feminicidio. Lo que significa que con las rebajas por buen comportamiento, el sujeto podría quedar libre en menos de cinco años.

Johana teme que archiven el caso o que cuando el feminicida recobre la libertad, busque recuperar a su hijo o incluso quiera hacerle daño. A la par de la lucha en los tribunales, la familia de Marilyn está haciendo todo lo posible porque el niño crezca en un ambiente lejos de esos miedos, de la violencia y el dolor que ellas han sufrido.

Le han enseñado que tiene dos madres y una está en el cielo. Por ella, Johana sigue buscando justicia.

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