Las lluvias torrenciales que han caído en los últimos ocho años, sobre todo en noviembre, han obligado al gobierno a gastar miles de millones de pesos del Fondo de Calamidades y Emergencias Públicas.
El caso más reciente ocurrió el año pasado como consecuencia de las precipitaciones que cayeron sobre Santo Domingo el 18 de noviembre. El Gobierno Central tuvo que gastar 9,434 millones de pesos para reparar daños urbanos y los que causó la explosión del 13 de agosto en San Cristóbal, según el Estado Anual de Recaudación e Inversión de las Rentas (Erir).
En años anteriores el gasto ha sido aún mayor. En el 2022, las autoridades reportaron el consumo de 16,917 millones de pesos tras el paso del huracán Fiona y las inundaciones del 4 de noviembre.
En el 2020 se usaron 13,073 millones de pesos, pero la causa fue la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus.
Para el 2017, las lluvias provocaron pérdidas de miles de millones de pesos. El gobierno de Danilo Medina gastó 11,618 millones de pesos para reparar los daños ocasionados por abundantes precipitaciones.
El 2024
Para este 2024, el Presupuesto General del Estado (PGE) consignó solo 594,787,637 pesos para el Fondo de Calamidad, pero la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público (423-06) dispone que se debe dedicar el 1 % de los ingresos corrientes del Gobierno Central para este propósito.
Esto significa que la asignación presupuestaria debería ser de 11,745.4 millones de pesos, como se reconoce en el Informe Explicativo del presupuesto del 2024.
Los 594.8 millones de pesos disponibles para este año todavía no han sido utilizados por el Palacio Nacional, de acuerdo con los reportes de la Dirección General de Presupuesto.
Más de lo presupuestado
En caso de ocurrir emergencias que requieran más recursos, el Estado tendría que incurrir en deuda, como se ha hecho en los últimos años.
Todas las veces que el Fondo de Calamidades y Emergencias Públicas se ha utilizado ha excedido con creces el valor presupuestado inicialmente, por lo que el gobierno ha tenido que tomar préstamos.
Para eso, en la Ley de Presupuesto del 2024 se autoriza al Poder Ejecutivo a adicionar un monto equivalente al 0.5 % del Producto Interno Bruto (PIB) nominal del año a los 594.8 millones de pesos destinados a cubrir los eventos “siempre que la situación que origina el imprevisto sea calificada como calamidad o emergencia pública mediante decreto presidencial”.
Los años en que no se usa ese dinero, la Ley 423-06 ordena que se emplee en “disminuir el endeudamiento neto del sector público”.