sábado, septiembre 7, 2024
Santo Domingo, Rep. Dom
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Gustavo Sánchez: El Poder Ejecutivo se ha hecho «el loco» con la Ley que crea la DNI

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El diputado depositó un proyecto que busca modificar la controversial legislación.

Santo Domingo.- El vocero del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, dijo este jueves que el Poder Ejecutivo «se ha hecho el loco» con relación a la Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

El representante del partido morado en la Cámara Baja emitió el comentario al ofrecer una rueda de prensa para informar que depositó un proyecto legislativo de su autoría que busca modificar la controversial Ley, promulgada por el presidente Luis Abinader el pasado 15 de enero.

Sánchez propone que sea modificada en todas sus partes dicha ley y, en consecuencia, que se mantenga vigente la Ley 857, del 22 de julio de 1978, que dispone que el Departamento Nacional de Investigaciones estará bajo la dependencia de las Fuerzas Armadas.

«No hemos visto absolutamente ninguna intención (en el Poder Ejecutivo) de modificarla, y se está aplicando la misma», indicó el diputado al explicar que su intención es corregir «esas violaciones constitucionales».

La iniciativa establece que la norma vigente viola la Constitución y derechos fundamentales establecidos en la declaración de Salta de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Tratados Internacionales de Derechos Humanos, los cuales República Dominicana ha ratificado, como son la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

«Esta ley no solo amenaza y viola derechos fundamentales contenidos en el orden juridico interno, sino también, aquellos derechos fundamentales recogidos en el derecho convencional, como la libertad de prensa, el derecho a la privacidad, el secreto profesional y la confidencialidad de las fuentes con garantías jurídicas, se ven impactadas negativamente con la Ley 1-24», precisa el veterano legislador.

Añade que la Ley 1-24, «vigente en los actuales momentos», compromete la responsabilidad internacional del país y reduce la situación de libertad de prensa.

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