domingo, julio 14, 2024
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La red que saqueó PDVSA pagó 350.000 dólares a un hermano del exministro venezolano Rafael Ramírez

La trama que saqueó Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA) pagó 350,000 dólares (unos 325,900 euros) en 2012 a Fidel Ramírez Carreño, hermano del que fuera ministro de Energía y Petróleo del Ejecutivo del expresidente Hugo Chávez, Rafael Ramírez, según los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS. El empresario Luis Mariano Rodríguez Cabello, presunto testaferro de esta red investigada en Andorra por expoliar 2,000 millones de dólares de la petrolera durante los mandatos de Chávez (1999-2013), fue el encargado de desembolsar el dinero al pariente de Rafael Ramírez.

Hombre fuerte de la revolución bolivariana, Rafael Ramírez desempeñó un papel clave como jerarca chavista en la administración de las pujantes reservas venezolanas de petróleo. Dirigió el estratégico Ministerio de Energía (2002-2014), presidió la petrolera estatal (2002-2014) y fue embajador de Venezuela en la ONU.

Su periplo se quebró en 2017, cuando, tras cargar con dureza contra el actual presidente venezolano, Nicolás Maduro, rompió con su Gobierno. ¿Por qué la trama que expolió PDVSA sobornó presuntamente al hermano de un gerifalte chavista? La respuesta hay que buscarla en el modus operandi de la organización.

Una estructura que cobraba comisiones de hasta el 10% a empresas, especialmente chinas, a cambio de abrir la puerta de las adjudicaciones de la petrolera estatal. Y, en paralelo, pagaba presuntamente a directivos de PDVSA para que manipularan los millonarios contratos, según los investigadores andorranos.

Fidel Ramírez, médico de formación especializado en gastroenterología, formó parte de la cúpula de la petrolera estatal en 2012, cuando su hermano, el entonces todopoderoso ministro de Petróleo, le nombró director general de Servicios de Salud y Asistencia de la corporación pública. El análisis de la transferencia al familiar del exjerarca chavista revela que el testaferro de la trama gestionó el pago a Fidel Ramírez a través de la Banca Privada d’Andorra (BPA), donde la red ocultó su botín.

El pariente de Rafael Ramírez, por su parte, cobró los 350,000 dólares de trama corrupta en una cuenta del Credicorp Bank de Panamá, según los documentos. Para justificar la transferencia, el hombre de paja del grupo corrupto indicó al banco que su firma panameña High Advisory and Consulting tenía una deuda de 350,000 dólares con el pariente del exministro de Chávez.

Rodríguez Cabello aportó un documento de reconocimiento de deuda fechado el 24 de enero de 2012 y firmado por las dos partes, según ha comprobado este diario. Junto a la prestación de servicios de consultoría inexistentes, los préstamos simulados fueron otra de las argucias que el grupo que expolió PDVSA usó para disfrazar el pago de comisiones.

El soborno era la contraprestación por la adjudicación de millonarios contratos de la petrolera. Así lo acreditan informes de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand), el organismo de prevención de blanqueo del país pirenaico.

Una jueza de este pequeño Estado de 77,000 habitantes blindado hasta 2017 por el secreto bancario indaga desde 2012 el latrocinio de la petrolera. La conexión del hermano de Rafael Ramírez con oscuros tinglados financieros no es nueva.

Fidel Ramírez figuró en una compañía opaca creada en 2014 en el Líbano, según desveló Armando.info.

Se trata de una revelación que formó parte de la investigación internacional Paradise Papers, una filtración en 2017 de 13,4 millones de archivos que desvelaba los vínculos de personalidades con cuentas en paraísos fiscales. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) coordinó el proyecto.

Fidel Ramírez fue arrestado en 2018 en Venezuela por su conexión con opacos paraísos fiscales, según confirmó el fiscal general de este país, Tarek William Saab, a Associated Press. Este diario no ha podido localizar a Fidel Ramírez para recabar su versión.

Dirigido por los exviceministros de Energía de Venezuela Nervis Villalobos y Javier Alvarado, el grupo que expolió PDVSA operó entre 2007 y 2012. Una treintena de personas integraron esta maquinaria corrupta que fue procesada en Andorra en 2018 por los delitos de blanqueo de capitales en establecimiento bancario y pertenencia a grupo criminal.

La nómina de miembros de la organización incluye a Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez; al ejecutivo de la petrolera Francisco Jiménez Villarroel; al exabogado de la compañía Luis Carlos de León Pérez; y al magnate de los seguros Omar Farías. Rodríguez Cabello, el responsable de la transferencia de 350,000 dólares a Fidel Ramírez, fue supuestamente uno de los cabecillas del colosal saqueo.

Considerado el testaferro del grupo, movió en la BPA 1,144,6 millones de dólares entre 2007 y 2015 a través de un opaco tinglado de 11 cuentas. Y usó su esquema financiero para navegar en el lujo.

Sus dispendios contemplaron facturas por valor de 604,034 dólares del hotel Four Seasons George V de París entre 2009 y 2010; pagos de 307,889 dólares en la tienda francesa de vinos Lavinia o de 553,923 dólares en el hotel Ritz. La organización se sirvió de un esquema de sociedades en paraísos fiscales como Suiza o Belice para enviar después su caudal de fondos procedente de comisiones a Andorra.

La causa judicial contra la petrolera que arrancó en este país pirenaico en 2012 precede a las pesquisas de la Fiscalía general de Venezuela. El Ministerio Público de este país llegó a cifrar en 4,200 millones el expolio de la empresa estatal.

Las indagaciones del país latinoamericano condujeron a la detención de Diego Salazar en diciembre de 2017. Andorra también encausó a una decena de exdirectivos y exempleados de la BPA.

Un banco que fue intervenido en marzo de 2015 por un presunto delito de blanqueo de capitales. Y que, según los investigadores del país pirenaico, abrió decenas de cuentas a la trama chavista.

El banco andorrano no tuvo en consideración la condición de estos clientes de Personas Políticamente Expuestas (PEP), personalidades que, por sus vínculos con la Administración, deben someterse a un control especial para prevenir el blanqueo de capitales. investigacion@elpais.

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