El Centro de Salud Familiar Cardenal Silva Henríquez, ubicado en Bajos de Mena, un sector vulnerable del municipio de Puente Alto, en la zona sur de Santiago, se ha convertido en el nuevo símbolo de la ola de violencia, marcada el uso de armas, que azota a Chile. El país sigue impactado con lo que ocurrió allí la madrugada del jueves, cuando un grupo de delincuentes amenazó a los funcionarios del consultorio púnblico para evitar que atendieran una niña de 13 años que fue baleada tras un enfrentamiento entre bandas rivales en el contexto del velorio de su padre, asesinado unos días antes.
“Nos dijeron que si se salvaba a la persona que llegó herida, iban a venir a rematar al consultorio”, expresó a Radio ADN una de las trabajadoras sin entregar su nombre por temor. Los hechos han empujado al Gobierno de Gabriel Boric a determinar que el recinto de salud, ubicado en la comuna más poblada del país, tenga por 30 días un punto fijo de Carabineros para asegurar su protección.
Esta medida se suma a los trabajos que lleva a cabo el municipio de Puente Alto, liderado por el alcalde Germán Codina, para blindar la parte de atención de urgencias y extender un muro externo del consultorio que proteja tanto a los trabajadores como a los pacientes de las balas. Este proyecto, en etapa de construcción, se licitó hace unos cuatro meses, lo que refleja que el dramático episodio del jueves no es el primero que afecta a lugar.
Para el alcalde Codina, la violenta jornada que se vivió en Bajos de Mena —la banda criminal incluso persiguió a la ambulancia que trasaldaba a la niña herida de gravedad— da cuenta de que Chile, y su municipio, se enfrenta a “una delincuencia que no tiene límites y a la que solamente vamos a someter con políticas muy duras y no con discursos románticos”. “Hay una instalación, en distintas regiones del país, de estas bandas de crimen que tienen códigos distintos a lo que sucedía hace 20 años atrás”, señala a EL PAÍS.
En la balacera de Bajos de Mena no solamente resultó herida la niña de 13 años; también su hermano de 11 años fue agredido y otro de sus hermanos, de 17 años, murió a causa de los disparos. Para Codina este ataque es parte de “un tipo de delincuencia que está dispuesta a ajusticiar, a rematar, en lenguaje de ellos, a niños (.
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) Eso es algo trágico y está demostrando que se está perdiendo la batalla contra la delincuencia”. “Los vecinos están sumamente preocupados no solo porque le tienen miedo a estas bandas, sino que también sienten miedo a que cueste conseguir médicos y profesionales que quieran trabajar en estos sectores”, añade el alcalde.
La presidenta del Colegio Médico de Chile, Anamaría Arriagada, ha estado encima del debate que el ataque al Cesfam Cardenal Silva Henríquez ha provocado en el país. “Esta violencia provoca que el Estado se vaya retayendo, que vaya perdiendo terrenos.
Es una situación muy compleja porque afecta un centro de salud donde hay mucha vulnerabilidad y es un lugar socialmente muy necesitado, con muchas falencias. Afecta a un centro de salud donde una docena de doctores están cumpliendo la primera etapa de su formación, acompañados de un equipo de salud que, incluso después de lo que pasó, han manifestado que quieren permanecer en ese lugar”.
Arriagada dice a este periódico que los centros de salud de zonas críticas del país no solo deben ser bilindados, sino que también es necesario “iluminar sus alrededores, entrar con áreas verdes, con centros comunitarios, con colegios”. sobre la medida que acaba de impulsar el Gobierno de Boric, de poner custodia policial, señala: “Los carabineros cumplen un rol fundamental como efecto disuasivo y de reacción inmediata”.
Un mes antes del ataque al consultorio Cardenal Silva Henríquez, a finales de agosto, una balacera, también en Bajos de Mena, dejó a dos personas fallecidas, de 32 y 45 años. Los cuerpos fueron trasladados al Cesfam Karol Wojtyla de Puente Alto y, debido a que delicuentes armados llegaron a lugar, los trabajadores tuvieron que ser evacuados.
Los dos violentos hechos han provacado, señala Codina, que muchos funcionarios de la salud pública se han tenido que ausentar de funciones tras entregarar licencias médicas, en especial los trabajdores del Cesfam Karol Wojtyla. Las amenazas a los centros públicos de salud en Chile no son nuevas, pero se han agudizado en los últimos cinco años, señala a EL PAÍS la presidenta de la Confederación nacional de funcionarios y funcionarias de la salud (CONFUSAM), Gabriela Flores.
“Cuando en 2019 se publicó la Ley de Consultorio Seguro [que busca proteger a los funcionarios de la salud de agresiones] la violencia ya estaba instalada. Pero, desde esa fecha hasta hoy, yo diría que ha aumentado en un 50% o más”.
De hecho, en 2020 el Hospital Padre Hurtado, público, del municipio de San Ramón, del sector sur de Santiago, se convirtió en el primer recinto de salud con protección antibalas de Latinoamérica. Según relata la dirigenta, son varias las ocasiones en que delincuentes han atacado a los trabajadores de la salud: “Nos agreden en una forma violenta.
Esto que ocurrió en Santiago [en Puente Alto] pasa todos los días en algún lugar de Chile. En el norte trabajan con chalecos y cascos antibalas; tenemos problemas en Alto Hospicio, en Arica y en Iquique.
En la región del BioBío también hay una violencia desatada”. Según datos del Sistema de Reportabilidad de Agresiones al Personal de Salud del Ministerio de Salud, publicados por el diario La Tercera, hasta el 13 de septiembre de este año se registraron un total de 7,319 agresiones contra funcionarios sanitarios públicos, que trabajan en hospitales o centros de Atención Primaria de Salud (APS).
En la cifra representa, en promedio, se registran 28,5 incidentes diarios. Las medidas de protección que se darán al Centro de Salud Familiar Cardenal Silva Henríquez .
