martes, mayo 21, 2024
Santo Domingo, Rep. Dom
Crypto

Mientras EE. UU. persigue, Oklahoma ahora protege los bitcoins de sus habitantes

Hechos clave:
  • El proyecto de ley garantiza el derecho a la autocustodia.
  • La ley alinea las criptomonedas con la moneda fíat en cuanto al tratamiento fiscal.

El estado de Oklahoma, en Estados Unidos, aprobó un proyecto de ley para proteger los derechos de los usuarios de bitcoin (BTC) y demás criptomonedas.  

Tal como señala el software de seguimiento de proyectos de ley FastDemocracy, este 13 de mayo el gobernador Kevin Stitt promulgó el proyecto de ley HB3594 promovido por el representante Samuel Brian Hill y el senador Bill Coleman, con el respaldo de la Asociación Bitcoin de Oklahoma.  

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La normativa, que entrará en vigor el 1 de noviembre de este año establece protecciones clave para los poseedores de bitcoin, garantizando los derechos fundamentales de las personas y empresas que participan en actividades con activos digitales. Esto, en medio de la arremetida regulatoria en contra del ecosistema emprendida por el gobierno de Joe Biden. 

Entre las normas establecidas en la nueva ley destacan las garantías que se otorgan en defensa al derecho a la autocustodia, lo que permite que las personas conserven, de forma segura, sus criptomonedas.  

También se aprueba la ejecución de transacciones con criptomonedas, sin aplicar impuestos adicionales, y alineando los activos digitales con las monedas fíat de curso legal en cuanto al tratamiento fiscal. La meta es promover el uso de criptomonedas en transacciones cotidianas y fomentar un entorno financiero más inclusivo. 

La minería de Bitcoin también se encuentra protegida por la nueva regulación, que ahora garantiza el derecho a minar Bitcoin, tanto en los hogares, como mediante operaciones comerciales.  

A tales efectos, la legislación impide que los gobiernos locales impongan medidas restrictivas que obstaculicen las actividades mineras. Con ello se impide el dictamen de ordenanzas adicionales sobre ruido, aunque se establece la obligatoriedad de las empresas mineras de cumplir con las regulaciones vigentes sobre ruido.   

Adicionalmente, se otorga a los ciudadanos de Oklahoma el derecho a la ejecución de un nodo completo de Bitcoin. 

De esta forma, el Estado espera atraer más inversiones relacionadas con el ecosistema de criptomonedas, ofreciendo claridad y estabilidad jurídica y posicionando a Oklahoma como líder en la regulación de la economía digital

Se prevé así que la le ley siente un precedente para otros estados, colocando a Oklahoma a la vanguardia de la revolución financiera digital, al garantizar la seguridad jurídica de usuarios y empresas.  

“Aunque este es el primer estado en el que se aprueba esta ley, el año pasado se aprobó una versión simplificada de este proyecto en Montana y Arkansas. Espero que estas políticas pro-bitcoin se conviertan en el modelo para la nación y el mundo”, señaló el bitcoiner Dennis Porter, director ejecutivo de la organización Satoshi Action Fund. 

Tanto Porter como la Asociación Bitcoin de Oklahoma, dirigida por Storm Rund, han tenido un rol activo en la aprobación del proyecto.  

Todos estos esfuerzos de cabildeo y concientización obtuvieron apoyo legislativo y el impulso para la aprobación de la ley en Oklahoma, una acción que también se está llevando a cabo en otros estados. Tal como informó CriptoNoticias, Ohio, Carolina del Sur y Mississippi tienen iniciativas regulatorias similares dirigidas a garantizar el uso de bitcoin.  

La idea es contrarrestar los recientes intentos de atacar la privacidad en el uso y la autocustodia de bitcoin por parte de las autoridades estadounidenses. “Nunca ha habido un momento más importante para defender este derecho inalienable”, aseveró Porter, quien cuestionó fuertemente la reciente detención de los desarrolladores de Samourai Wallet. 

De esta forma, la nueva ley de Oklahoma entra en vigor en un contexto en el que agencias gubernamentales como la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), el Departamento de Justicia y el FBI arrecian sus demandas y exigencias contra figuras y empresas del sector. 


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