Tan repentina, sorpresiva y, por añadidura, estremecedora del mercado, fue la decisión del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) de parar temporalmente la noche del 4 de febrero pasado, todos los paquetes internacionales entrantes desde China y Hong Kong que, habiendo pasado escasas horas, se dio marcha atrás, pero sin que el Estado renunciara a su doble propósito de proteger al comercio y la industria estadounidense de la competencia desleal y de alimentar a su fisco.
La levantada la medida, adoptada en el contexto de la imposición de nuevas tarifas por parte del presidente Donald Trump a las importaciones chinas, las cuales incluyen la eliminación de la exención de “minimis”, permitía el ingreso de paquetes sin pagar derechos ni impuestos. Los “minimis” son cantidades mínimas de ayuda interna que están permitidas por los acuerdos de la OMC, aun cuando tengan efectos de distorsión del comercio, de hasta el cinco por ciento del valor de la producción para los países desarrollados y hasta el 10 por ciento para los países en desarrollo).
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Para no dejar espacio a las dudas sobre su decisión de no desmayar hasta alcanzar sus objetivos, el USPS informó, al anunciar el levantamiento de la medida, que trabajará con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para desarrollar un mecanismo de recaudación de gravámenes, sin generar interrupciones perturbadoras en la entrega de paquetes.
¿Si Estados Unidos, que tiene la economía más robusta del mundo y cuenta con un Estado que no tiene la capacidad para financiarse que no posee el nuestro, está trabajando para proteger a su comercio y a la industria de la competencia desleal que provocan las compras por internet libres de impuestos, por qué en nuestro país, con una economía con bases más frágiles y con un fisco diezmado por sus propias carencias, no podemos hacer lo mismo?
Aunque debemos reconocer que la última propuesta de reforma fiscal mostró la intención de corregir la inequidad fiscal generada por la exención del Itbis a las compras por Internet por debajo los 200 dólares, tras su aborto se mantiene la distorsión.
Nivelar el terreno de juego para evitar la competencia desleal que hacen esas compras al comercio físico y la industria puede hacerse de dos maneras.
La primera, es haciendo que esas compras por Internet paguen los mismos impuestos que retribuyen el comercio formal y la industria. No hay ataduras legales que lo impidan, pues, contrario a lo que han dicho algunos, el DR-Cafta no obliga a liberar a las compras mínimas por Internet de los gravámenes y la OMC permite, pero no impone que los “minimis” entren al país como perro a su casa.
La otra manera de nivelar el terreno de juego es la de que, si por alguna razón poderosa, de difícil comprensión, se entendiera que nuestro pobre fisco puede seguir asumiendo el sacrificio de mantener libre de gravámenes a las mínimas (que en muchos casos no son tan mínimas), entonces, lo justo sería que, al igual que las compras por Internet, las compras electrónicas al comercio formal y la industria corran igual suerte.
De cualquier manera, es de esperar que, como país, nos demos cuenta de la conveniencia de eliminar esa inequidad y que lo hagamos al precio que impone el ejercicio responsable.
