En la Casa de Nariño, la residencia presidencial, se vive una de las semanas más agitadas desde que Gustavo Petro llegó al poder. El presidente, en las últimas 24 horas, ha ordenado la intervención de las dos EPS más grandes del país, las promotoras médicas, en su mayoría privadas, con las que quiere acabar Petro para instaurar un sistema de salud completamente público.
Si el martes el Gobierno tomó el control de Sanitas, que tiene casi 6,000.000 de afiliados, este miércoles le ha tocado el turno a la Nueva EPS, un gigante con 11,000.
000 de pacientes. El mandatario responde de esta manera tan contundente al Congreso, que acaba de tumbar la reforma sanitaria, uno de sus empeños más importantes desde que lidera el Gobierno.
El hundimiento de ese proyecto supone una enorme derrota política, pero él pretende llevar la iniciativa tras meses de cierta parálisis institucional y por eso se muestra con esta contundencia contra las empresas que considera enemigas. Esta medida de Petro es más simbólica que funcional.
El mayor accionista, el mayoritario en la junta, y el que puso al gerente es el propio Gobierno. La Superintendencia de Salud, sin embargo, tiene la potestad de cambiar al gerente, a la junta directiva y nombrar a un interventor.
El presidente y su mano derecha, Laura Sarabia, están convencidos de cambiar un sistema del que creen que se aprovechan estas empresas mediadoras para hacer negocio y hurtar por el camino un dinero que podría invertirse en los propios pacientes. El Gobierno, a través de la Superintendencia de Salud, sostienen que sus cuentas no cuadran e insinúa el desfalco de decenas de millones de dólares.
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