Se desconoce a cuánto asciende y si se llegó a pagar el acuerdo de cooperación firmado por el Ministerio de Defensa (Mide) con la empresa Aurix, el cual entre otras cosas, le confiere a su propietario José Gómez Canaán (Jochy) la facultad de intervenir en asuntos de Estado, como es el caso del intercambio de informaciones de hallazgos de investigaciones en curso.
Del caso solo se conoce que el convenio nunca se ejecutó y que fue rescindido y que la decisión se le comunicó a la empresa mediante acto de alguacil, el 10 de septiembre.
Aunque dicho acuerdo se hizo el 23 de junio de 2020, todavía durante el gobierno de Danilo Medina, dos meses antes de asumir la presidencia Luis Abinader, no fue hasta el lunes pasado cuando se supo oficialmente de su existencia a través de una revelación hecha por su presidente Gómez Canaán, al finalizar una conferencia con el ex secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo.
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El Mide informó que el “acuerdo de cooperación” fue firmado el 23 de junio del 2020, pero que la administración del Estado, iniciada 54 días después, nunca lo puso en vigencia.
Sostuvo que la nueva administración del Mide, iniciada el 16 de agosto de 2020, descartó la cooperación con esa firma, y que el convenio no lo puso en vigencia, ni solicitó la información a la que se comprometió la empresa, ni realizó ninguna de las acciones pactadas.
Sin embargo, Gómez Canaán hizo gala de los servicios que ha ofrecido al Estado, al señalar que colaboró con la Policía para la captura de Antonio Figuereo Bautista (Kiko la Quema), uno de los fugitivos más buscados y ultimado en marzo de este año.
«Nosotros hemos logrado más de 80 arrestos, hay que preguntarle a la Policía Nacional cómo encontró a ‘Kiko la Quema’ y un sinnúmero de cosas que por tema de seguridad no debemos decir», afirmó Gómez Canaán.
Dicho convenio, a cuyo contenido El Nacional tuvo acceso de manera parcial, contiene 10 obligaciones, incluido entre estas la implementación de un software de servicio factible, al que solo tendrían acceso ambas partes “de modo confidencial”, así como la transferencia de informaciones relevantes y notificaciones de hallazgos cuando existiere una investigación en curso.
El acuerdo conjunto entre las partes, fue firmado por el ministro de Defensa de ese tiempo, el entonces teniente general Rubén Darío Paulino Sem, y el presidente de AURIX, José Ángel Gómez Canaán (Jochi), también vinculado al escándalo del contrato de Transcore Latam con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
Contrataciones
Se desconoce si el citado convenio pasó por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), puesto que esa institución hasta la fecha no se ha referido al caso.
El Nacional contactó en dos ocasiones a DGCP, y la institución se limitó a informar que las preguntas fueron remitidas al departamento correspondiente, sin respuesta hasta la fecha.