Tres expedientes narcotráfico involucran 5 diputados

Tres expedientes narcotráfico involucran 5 diputados

Tres importantes casos de narcotráfico internacional y de lavado de activos sacuden actualmente la República Dominicana debido al grado de implicación que tienen cinco diputados ante el Congreso Nacional en las actividades ilícitas.

Las operaciones que forman parte de diferentes redes del crimen organizado laceran la imagen de la clase política al colocar en la puerta de la Justicia a congresistas de dos de los principales partidos políticos del país.

Las imputaciones las hace el Ministerio Público contra: Héctor Darío Féliz Féliz, representante de Pedernales por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y a los oficialistas perremeístas por Santiago, Nelson Marmolejos Gil, Faustina Guerrero y Miguel Andrés Gutiérrez Díaz (este preso en Miami), así como Rosa Amalia Pilarte, por La Vega.

En lo que ha sido la denominada operación Falcón, pesquisas que contaron con la colaboración de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), han sido involucrados Féliz Féliz, Marmolejos Gil y Guerrero.

Al trío de diputados se le vincula a una red que desde antes del 2012 movilizó entre República Dominicana y Puerto Rico aproximadamente 8,500 kilos de cocaína. Según la Procuraduría General para ese entonces traficaban al menos 2,500 kilos de cocaína por semana y llegaron a acumular inversiones del lavado de activos por al menos RD$10,000 millones.

En el caso de Pilarte, a la legisladora se le sindica ser integrante de la organización que supuestamente encabeza su esposo, Miguel Arturo López Florencio (Micky López), dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico. Según la acusación se habría prestado para colocar en el mercado financiero más de RD$2,593 millones provenientes de actividades ilícitas entre 2007 y 2019.

Gutiérrez Díaz fue arrestado en Miami y está acusado de formar parte de una red de narcotráfico que operaba en República Dominicana, Colombia y Estados Unidos. La acusación formal emitida por un gran jurado federal de Miami establece que cometió los ilícitos entre el 2014 y 2017.

En torno a los casos el presidente de la República, Luis Abinader, ha sido enfático en señalar que cada quien es responsable por sus hechos; “cada quien que pague por sus hechos”, posición que al unísono mantienen los titulares de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco y del PRM, José Ignacio Paliza.

La presunta participación de los congresistas en el narcotráfico sacó a relucir la falta de controles y vigilancia en la selección de los candidatos.

Ante el entramado y la participación de políticos, el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez, advirtió que las leyes vigentes no establecen sanciones para evitar el uso de recursos ilícitos durante las campañas electorales. “Las informaciones que manejamos desde nuestra Dirección de Fiscalización es que prácticamente de los candidatos en las elecciones pasadas, fueron muy pocos los que rindieron informe con relación al tope”, apuntó Jáquez.

Un juez especial para los casos

Corresponderá al juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Napoleón Estévez Lavandier, conocer las investigaciones de los casos de lavado y narcotráfico que involucran a Rosa María Pilarte y a los diputados implicados en la denominada operación Falcón. En lo que respecta al diputado Gutiérrez Díaz, la Fiscalía del estado de La Florida pidió a la corte retrasar para abril del próximo año 2022 el juicio debido a que necesitaba más tiempo para prepararse. Mientras, el diputado es mantenido en prisión desde el pasado 17 de mayo, cuando fue detenido en el aeropuerto a su llegada a Miami y conforme a reportes de prensa de medio internacionales, en caso de ser hallado culpable podría ser condenado a cadena perpetua.

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